En Elche y Las Palmas se han derribado edificios en casos puntuales, pero los arquitectos prefieren adaptar lo existente. Proponen mezclar usos, incorporar energías renovables, renovar calderas y aislar fachadas y cubiertas.
En los próximos meses, el municipio de Elche, en Alicante, derribará 14 edificios antiguos en el barrio de San Antón para reemplazarlos por nuevas parcelas y zonas verdes. En Las Palmas de Gran Canaria, después de 14 años de actuaciones, el gobierno local concluirá dentro de poco la regeneración del barrio de Tamaraceite, con la reposición del último bloque de los tres centenares de viviendas que fueron demolidas para dar paso a nuevas más habitables. Echar todo abajo para reconstruir desde cero es la medida de renovación urbana más extrema y solo se justifica en casos excepcionales como los citados. Pero a veces es la única forma de poder equilibrar lo destruido hasta ahora.
En Europa, el ejemplo más estudiado es el del barrio Le Mirail, en Toulouse (Francia), aunque el proyecto fracasó por una serie de problemas económicos, políticos y sociales.
Las grandes ciudades de España están llenas de edificios que se levantaron en los años sesenta y setenta para atender al fenómeno migratorio interno de la época, pero que hoy no cumplen los criterios medioambientales modernos.
El parque inmobiliario tiene una antigüedad media de 45 años y una certificación energética de E, en la parte baja de la clasificación, según Idealista. El margen de mejora de nuestros edificios es enorme. Aproximadamente el 80% de la edificación existente suspende en materia de eficiencia energética, con certificados E, F o G.
La mayoría de los pisos tiene una antigüedad de 45 años y certificado energético E pero hay una pregunta fundamental: ¿es necesario hacer tabla rasa?.
El caserío edificado atesora un gran valor patrimonial que no se puede desperdiciar. En lugares como Europa, donde casi todo está ya construido, las estrategias inmobiliarias deben ir encaminadas a la revalorización de ese patrimonio en base a correcciones o intervenciones puntuales que puedan actualizar e inyectar nuevo valor en los edificios existentes. Es mala idea tirar abajo los barrios porque en ellos viven las personas, tienen una identidad y son sus hogares duramente adquiridos y donde han estado toda sus vidas.
Lo mejor es reconvertir, acondicionar, regenerar, rehabilitar, es la mejor manera de arreglar lo erróneamente construido teniendo en cuenta el contexto temporal, tecnológico y normativo de la época. En Valladolid han optado por esa política. El viejo plan para demoler 570 viviendas del polígono 29 de Octubre y reconstruir la zona haciendo borrón y cuenta nueva ha sido sustituido por otro enfocado en la rehabilitación, que incluye mejoras de aislamiento térmico y acústico.
Desde mi punto de vista no hay que tirar nada. La estrategia más sostenible podemos deducirla de los miles de años de historia de las ciudades: corregir, reconstruir, modificar, adaptar. Las manzanas nuevas deberían proyectarse con más espacios comunes. Se incrementaría la cantidad de espacios comunes, desde la calle al interior de los edificios, llegando hasta las azoteas comunitarias ajardinadas. Mantendríamos una densidad alta, que es lo que hace a las ciudades interesantes y sostenibles, con viviendas muy diferentes para tener una población diversa social, cultural y económicamente. Las plantas bajas se dedicarían a comercios y usos públicos, y mezclaríamos tantos usos como fuera posible, a nivel de calle pero también en plantas altas. Además de devolver a la ciudad el protagonismo de la movilidad.
Igualmente, añadiría espacios exteriores para que cada apartamento tenga su jardín y su huerto y se aseguraría de que las viviendas estén sombreadas en verano y soleadas en invierno para eliminar los aires acondicionados y minimizar el gasto en calefacción.
Las escaleras serían los espacios mas bonitos del edificio bien acondicionados cumpliendo toda normativa de accesibilidad. Y volver a los tiempos donde la gente se paraba a charlar en las escaleras agradables, sintiéndose incómoda en esos cajones estrechos que son los ascensores. Lo que definitivamente no veo aplicables son áticos privados con terraza, interiores de manzana inaccesibles y edificios con una sola función, ya sean oficinas o viviendas. Pasar de barrios a Ecobarrios, concepto que debe cumplir cuatro premisas: compacto (una densidad mayor de 60 viviendas por hectárea), con cohesión social, complejo y eficiente. Las dos primeras ya las tenemos, las otras dos se consiguen metiendo más usos aparte del residencial, instalando energías renovables, renovando calderas y aislando las fachadas y cubiertas. En el caso particular de Madrid, concentrar la intervención en todos los barrios comprendidos dentro de la norma zonal 3, la más extensa del Plan General de Ordenación Urbana: Carabanchel, Usera, Moratalaz, Barrio del Pilar, entre otros, como Ecosistemas sociales En cuanto a las zonas céntricas, además de establecer zonas de bajas emisiones hay que plantear medidas enfocadas en su renaturalización: Las ciudades se deben entender como ecosistemas sociales. A la capa geológica que conforman las calles, aceras y edificios, hay que superponer las capas conformadas por el clima, el agua, la energía y la materia orgánica (vegetal y animal) y, por supuesto, la sociedad. Hay que entender cómo interaccionan y trabajar con todas ellas de un modo integral.
Ese es el objetivo.
Una de las mejores maneras de oxigenar, equilibrar temperaturas y llenar a la ciudad de vida es plantar más árboles: Las zonas urbanas arboladas tienen una temperatura en verano inferior en varios grados. Y, en segundo lugar, eliminar el asfalto que absorbe y refleja calor e impide que el agua se filtre al terreno. ¡Nos falta agua! El subsuelo debería ser nuestra gran cuenta de ahorros de agua para el futuro de nuestros hijos. No podemos tratar el agua como un desecho que eliminar lo antes posible. Al contrario, no podemos perder una gota.
Deberíamos de dejar de ser nuevos ricos que no quieren polvo en los zapatos y que no saben disfrutar del tacto de las distintas texturas.
EL CERTIFICADO ENERGÉTICO, UN PAPELITO MAL VALORADO
La certificación energética es obligatoria para la venta o alquiler de cualquier piso habitual o vacacional. Idealista ha denunciado que durante la pandemia han proliferado empresas que tramitan este documento sin una inspección previa de la vivienda, lo cual puede acarrear al propietario multas de hasta 6.000 euros. El fraude ha contribuido a sembrar dudas sobre la seriedad del sello. El certificado energético es una oportunidad perdida: El usuario lo entiende como un papelito más, necesario al comprar o alquilar una vivienda. Si no le damos importancia, queremos que al menos nos cueste lo menos posible, por lo que acudimos a técnicos o empresas que nos lo facilitan a precios casi irrisorios, y se realiza de una manera rápida para cubrir el expediente. En Anerr, que agrupa a 220 empresas, les consta que las Administraciones han abierto muchos expedientes sancionadores, sin embargo, piensan que aparte de la inspección, la solución es mejorar la difusión de lo que supone el certificado, para que el usuario exija que se realice bien y que sea útil, aunque el coste sea mayor.
El parque inmobiliario español sufre de lo que puede denominarse ruina energética, es decir, de un desproporcionado coste eléctrico frente al valor de la vivienda. Por eso es imprescindible profesionalizar el sector de las reformas, pero a gran escala y para ello se necesita que empresas que están dentro del sector de la construcción y que tienen más tamaño, viren hacia la rehabilitación.
AYUDAS PARA INVERTIR CONTRA RELOJ Ola de renovación. El Gobierno destinará 6.820 millones de los fondos de recuperación europeos a la rehabilitación de viviendas entre 2021 y 2023, lo que, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), propiciará una “ola de renovación”.
Reto ingente. En España, las tasas de rehabilitación han sido exiguas hasta ahora. Apenas se rehabilitan unas 30.000 viviendas al año cuando, para alcanzar la neutralidad climática en 2050, tendríamos que elevar el ritmo actual a las 300.000-350.000 viviendas al año.
Fijaros de la diferencia.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla 510.000 intervenciones hasta 2026, así que el reto es ingente y colectivo.
Para hacerlo posible, los colegios de arquitectos ofrecen asesoramiento a los municipios, profesionales y ciudadanos.
En cada Ayuntamiento se tendrían que plantear y planificar reuniones semanales para propiciar información clara y concisa de qué es, como se hace, cuanto cuesta, qué se necesita y como conseguir subvenciones de ayudas. Cosa que no está ocurriendo y que los departamentos de Urbanismo están pasando de ello con bastante soberbia.
El desafío es mayúsculo porque el dinero debe invertirse en un corto periodo de tiempo. Los fondos serán transferidos a las comunidades autónomas para que los gasten antes de finales de 2026. Lo que no se invierta deberá devolverse a la Comisión Europea.
Hay muchísimas cosas que hacer y gestionar en un plazo exprés, y hay Comunidades Autónomas donde la gestión deja mucho que desear ya que no llega el dinero y tarda mucho en darse.
El Estado tiene que poner todos los sentidos a todo esto. Lentitud. Se ve con preocupación que las Autonomías no hayan completado todavía las bases de estas ayudas. Las empresas del sector son ágiles y eficientes, pero la situación actual presenta importantes retos: subida de costes, falta de mano de obra especializada, retrasos en los suministros, etc. Y que la Administración no agiliza ni flexibiliza el dinamismo natural de algo tan esencial y necesario.
Necesitamos que las Administraciones públicas ayuden a que el proceso se agilice.
Es el proceso a seguir puesto que ya no podemos perder más tiempo pero parece ser que es una determinación nimia viendo el caso que se está haciendo.
Espero que no solo sea una mera cuestión electoralista y luego se deje abandonados a las ciudades, a los ciudadanos y por supuesto al Medio Ambiente.
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